Al cierre de esta edición, no se logró un acuerdo entre los gobernadores de la Federación Nacional de Departamentos y los ministros del Interior y de Hacienda frente al Decreto 1474 de 2025, que incrementa el Impuesto al Consumo y eleva del 5 % al 19 % el IVA para licores, vinos, aperitivos y cigarrillos.
Los encuentros realizados en Bogotá evidenciaron la preocupación de las regiones por el impacto fiscal y social de la medida, que, según los mandatarios departamentales, pone en riesgo las finanzas territoriales destinadas a sectores clave como salud, educación y deporte. Ante este escenario, los gobernadores anunciaron que acudirán a instancias judiciales y solicitarán a la Corte Constitucional la suspensión provisional del decreto.
Desde los departamentos se advirtió que la medida vulnera el modelo constitucional de descentralización, al afectar rentas cedidas a los entes territoriales sin una concertación previa. En el Meta, las alertas se intensificaron durante la primera sesión ordinaria del Comité Departamental contra el Contrabando, donde autoridades y gremios señalaron que el aumento del IVA podría disparar la ilegalidad, la adulteración de licores, la pérdida de empleos y una caída del recaudo.
La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, aseguró que el rechazo al decreto es generalizado. “No diría que somos 19 gobernadores, somos todos”, afirmó, al advertir que el aumento de impuestos podría profundizar el contrabando, que en el caso de los cigarrillos ya habría crecido un 36 %.
El abogado Edgar Ardila explicó que los decretos expedidos en el marco de una emergencia económica tienen fuerza de ley, pero pueden ser inaplicados mediante la excepción de inconstitucionalidad si se considera que vulneran principios como la autonomía territorial y la descentralización administrativa. No obstante, aclaró que dicha decisión obliga al mandatario a demandar el decreto ante la Corte Constitucional.
Gremios como Asobares y la Cámara de Industrias Asociadas de Bebidas Alcohólicas (CABA) coincidieron en que la medida podría acelerar el cierre de establecimientos formales, debilitar la competitividad regional y favorecer las estructuras ilegales, con mayores riesgos para la salud pública.
Fuente: Noticiero del llano
