Tribunal ordena a la Universidad Nacional garantizar alimentación de caimanes en Villavicencio

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio revocó la decisión de primera instancia que había rechazado una acción de tutela presentada para proteger al caimán llanero y ordenó a la Universidad Nacional de Colombia adoptar medidas inmediatas para garantizar la alimentación, atención veterinaria y bienestar de los ejemplares que permanecen bajo su custodia.

La decisión cobija a los caimanes ubicados en la Estación de Biología Tropical Roberto Franco, en Villavicencio, así como a los ejemplares que permanecen en la Universidad de los Llanos y en el Parque Agroecológico Merecure, ubicado sobre la vía hacia Puerto López.

El Tribunal consideró que, aunque la definición definitiva sobre las responsabilidades dentro del Programa Nacional para la Conservación del Caimán Llanero será resuelta mediante una acción popular que actualmente cursa ante el Tribunal Administrativo del Meta, la situación que enfrentan los animales requiere medidas urgentes para evitar un daño irreversible a una especie catalogada en peligro crítico de extinción.

La decisión judicial también respalda las actuaciones que desde finales de 2025 ha adelantado Cormacarena, entidad que emitió requerimientos a la Universidad Nacional para restablecer la alimentación de los ejemplares y mejorar sus condiciones de bienestar.

Como parte de estas acciones, Cormacarena realizó jornadas de alimentación de emergencia en el Parque Agroecológico Merecure los días 4 de junio y 2 de julio de 2026, gracias a las donaciones efectuadas por la Reserva El Cielo y el equipo de baloncesto Caimanes del Llano, contribuyendo a la protección de esta especie emblemática de la Orinoquia colombiana.

Más de 1.600 familias del Meta reciben ayudas del programa de sustitución de cultivos ilícitos

 

La Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito inició la entrega de ayudas dirigidas a 1.608 familias de los municipios de Mesetas y La Macarena, en el departamento del Meta, vinculadas al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

La jornada se desarrolla entre el 1 y el 19 de julio y contempla la entrega de 4.866 órdenes de compra, con el objetivo de fortalecer los proyectos productivos de las comunidades y consolidar su transición hacia economías legales y sostenibles.

En el municipio de La Macarena serán beneficiados 1.318 titulares del programa mediante la participación de 23 proveedores, quienes entregarán 4.123 órdenes de compra que corresponden a 24.991 productos. Las entregas se realizan tanto en la vereda La Cristalina como en el casco urbano del municipio.

En Mesetas, el programa atenderá a 290 titulares a través de 12 proveedores, con la entrega de 743 órdenes de compra, cumpliendo así los compromisos adquiridos con las familias vinculadas al proceso de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito.

La Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito señaló que estas acciones hacen parte de la estrategia para fortalecer el desarrollo rural, impulsar actividades productivas legales y mejorar las condiciones de vida de las comunidades que hacen parte del PNIS en el departamento del Meta.

Dos motociclistas murieron en accidente sobre la vía Bogotá-Villavicencio

 

Dos motociclistas murieron en un accidente de tránsito registrado en la tarde del martes sobre la vía Bogotá-Villavicencio, a la altura del kilómetro 63+300, informó la concesionaria Coviandina.

El siniestro obligó al cierre total de la carretera durante más de tres horas, mientras los organismos de emergencia y las autoridades atendían la situación y realizaban las labores de inspección judicial.

De acuerdo con la información preliminar, los dos hombres que se desplazaban en motocicleta habrían sido arrollados por una tractomula. Sus cuerpos quedaron sobre la calzada a varios metros de distancia, mientras que la motocicleta terminó completamente destruida. El vehículo de carga pesada se detuvo varios metros más adelante del lugar del impacto.

Hacia las 7:00 de la noche fue restablecido el paso en sentido Bogotá-Villavicencio. Sin embargo, el cierre generó una extensa congestión vehicular debido a la gran cantidad de automotores que permanecieron represados durante varias horas.

Las autoridades iniciaron la investigación para establecer las causas del accidente y determinar si existió responsabilidad del conductor de la tractomula o si el hecho obedeció a una posible imprudencia del motociclista.

Corte Suprema deja en firme condena contra el exalcalde de Puerto López Víctor Bravo

La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 78 meses de prisión, equivalentes a seis años y medio, contra el exalcalde de Puerto López y abogado Víctor Manuel Bravo Rodríguez, al resolver el recurso extraordinario de casación dentro del proceso que se adelantaba en su contra por el delito de fraude procesal.

Con la decisión, emitida el pasado 1 de julio, el alto tribunal ratificó la sentencia proferida en 2021 por el Tribunal Superior de Villavicencio, que declaró responsable al exmandatario por utilizar documentación falsa para figurar como copropietario de bienes pertenecientes a una clienta.

Según el proceso judicial, Martha Patricia Ramírez Bonilla contrató a Víctor Bravo en 2008 para que la representara en un trámite de disolución de sociedad conyugal y separación de su esposo, Flavio Molina Trujillo. Sin embargo, durante el desarrollo del proceso, el abogado habría empleado documentos falsificados para obtener derechos sobre bienes de la mujer.

El fallo del Tribunal Superior concedió al condenado el beneficio de prisión domiciliaria. No obstante, la sentencia solo quedó ejecutoriada una vez la Corte Suprema resolvió el recurso de casación, agotando así la última instancia dentro del proceso penal.

Víctor Manuel Bravo también se desempeñó como secretario de Gobierno del departamento del Meta, además de ejercer como alcalde del municipio de Puerto López.

Suspenden feria ganadera en Guayabetal por daños en puente tras creciente del río Blanco

 

La creciente del río Blanco y la acumulación de material de arrastre provocaron afectaciones en el puente Los Canes, en el municipio de Guayabetal (Cundinamarca), generando pérdida parcial de la banca y dificultades de movilidad para varias comunidades rurales.

Ante la emergencia, la Gobernación de Cundinamarca anunció el envío de una excavadora sobre oruga de brazo largo para retirar la sedimentación acumulada, recuperar la capacidad hidráulica del río y proteger este importante corredor vial que comunica a cinco veredas del municipio.

Como consecuencia de la situación, la administración municipal decidió aplazar la segunda Feria Comercial Ganadera, debido a las dificultades de acceso para ganaderos, comerciantes, expositores y asistentes.

La nueva fecha del evento fue fijada para el próximo 25 de julio, decisión concertada con el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), entidad que autorizó el cambio teniendo en cuenta las condiciones actuales de la infraestructura vial.

Las autoridades indicaron que las veredas San Marcos, Gáquez, La Palma, Naranjal y Tunque permanecen afectadas por las restricciones de movilidad, mientras continúan las labores para estabilizar el puente y restablecer el tránsito con condiciones de seguridad.

Juzgado suspende elección del contralor municipal de Villavicencio prevista en el Concejo

 La elección del nuevo contralor municipal de Villavicencio, prevista para este miércoles en sesión plenaria del Concejo, fue suspendida por orden judicial luego de que el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Gaitán decretara una medida provisional dentro de una acción de tutela.

La decisión fue acatada por los vicepresidentes del Concejo de Villavicencio, William Antonio Sánchez Esguerra y Edilberto Landaeta Gondellez, quienes expidieron la Resolución 058 mediante la cual suspendieron de manera inmediata el proceso de elección.

La acción de tutela fue presentada por Martín Alonso Ladino Castro contra el Concejo de Villavicencio, lo que llevó al despacho judicial a ordenar la suspensión temporal mientras se estudian los argumentos del caso.

Por su parte, el presidente del Concejo, Diego Garay, permanece apartado del proceso debido a una recusación y a un conflicto de intereses relacionado con familiares suyos.

Garay había explicado que la Contraloría General de la República intervino la Contraloría Municipal de Villavicencio y asumió varios procesos que involucraban a concejales, situación que permitió levantar los impedimentos que anteriormente habían manifestado nueve integrantes de la corporación para participar en la elección.

Con la decisión judicial, el proceso para escoger al nuevo contralor municipal queda suspendido hasta que exista un nuevo pronunciamiento por parte de la autoridad competente.

Gobernación del Meta abre convocatoria para adjudicar 13 viviendas en Cabuyaro

 

La Gobernación del Meta, a través de la Secretaría de Vivienda, abrió una nueva convocatoria para adjudicar 13 viviendas que quedaron disponibles dentro del proyecto habitacional ya entregado en el municipio de Cabuyaro.

Las postulaciones se realizarán de manera virtual los días 9 y 10 de julio mediante la plataforma Vivienda Meta, con el propósito de brindar una nueva oportunidad a familias que buscan acceder a una vivienda digna.

Con el fin de facilitar el proceso y evitar que los aspirantes queden por fuera por dificultades tecnológicas, la Secretaría de Vivienda desarrollará una jornada de acompañamiento presencial el 9 de julio, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, en Cabuyaro, donde funcionarios de la entidad orientarán a los ciudadanos durante el diligenciamiento de la inscripción.

Podrán participar los hogares que acrediten residencia continua de mínimo un año en el municipio de Cabuyaro y cinco años en el departamento del Meta.

La convocatoria incorpora un enfoque diferencial que prioriza a hogares con condiciones especiales, entre ellos víctimas del conflicto armado, madres comunitarias o sustitutas, mujeres y hombres cabeza de hogar, personas con discapacidad, población en proceso de reincorporación, comunidades étnicas, población afrodescendiente y personas pertenecientes a la población LGBTIQ+.

Con esta iniciativa, la Gobernación del Meta busca ampliar el acceso a vivienda digna y fortalecer las políticas de inclusión social en el departamento.

SIC ordena a Amarilo corregir presuntas fallas en conjunto Hacienda Rosa Blanca de Villavicencio

 

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó a la constructora Amarilo adelantar una serie de acciones para atender las presuntas deficiencias constructivas identificadas en el Conjunto Residencial Alborada Hacienda Rosa Blanca, ubicado en Villavicencio.

La decisión fue adoptada luego de una averiguación preliminar iniciada por una denuncia relacionada con posibles daños estructurales y deterioros en diferentes componentes de las edificaciones que conforman el proyecto inmobiliario.

Durante la actuación administrativa, la entidad recopiló información documental, solicitó información técnica a la constructora, analizó planos arquitectónicos y memorias de cálculo, evaluó informes presentados por los denunciantes y realizó una visita de inspección al conjunto residencial para verificar las condiciones del proyecto.

Según la SIC, la información obtenida permitió identificar situaciones que podrían comprometer los derechos de los consumidores, especialmente en lo relacionado con la seguridad de los inmuebles entregados a los propietarios y los posibles riesgos para la integridad de los residentes y de la comunidad.

Como parte de las medidas ordenadas, Amarilo deberá realizar una evaluación técnica y patológica integral del conjunto residencial, elaborar un plan de trabajo con cronograma de reparaciones y acciones correctivas, adoptar de manera inmediata medidas preventivas de seguridad y aislamiento en las zonas que representen riesgos, e informar a la Superintendencia sobre los resultados de las evaluaciones y las respuestas dadas a las peticiones, quejas y reclamos presentados por la administración de la copropiedad desde 2024.

Además, la constructora deberá entregar a la administración del conjunto los informes de las visitas técnicas realizadas desde enero de 2025, las pólizas vigentes de estabilidad de la obra y las acciones previstas para solucionar las situaciones detectadas por la autoridad.

Confirman que el lunes 13 de julio no habrá clases en colegios públicos de Villavicencio

 

La Secretaría de Educación de Villavicencio confirmó que el próximo lunes 13 de julio no habrá clases en los colegios públicos del municipio, en cumplimiento de la Ley 2758 de 2026, que estableció un nuevo festivo nacional en honor a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.

La secretaria de Educación, Malely Zárate, explicó que aunque la fecha oficial de la conmemoración es el 9 de julio, la aplicación de la Ley Emiliani traslada el día festivo al lunes siguiente, convirtiéndolo en una jornada de descanso remunerado para los trabajadores del sector educativo.

La aclaración fue realizada luego de que varios rectores consultaran a la dependencia sobre si los docentes debían cumplir su jornada laboral habitual, debido a que este nuevo festivo no aparece registrado en los calendarios impresos de 2026, ya que la Ley 2758 fue sancionada y publicada el pasado 1 de junio.

Con esta decisión, los estudiantes de las instituciones educativas oficiales de Villavicencio retomarán sus actividades académicas el martes siguiente, mientras que el lunes será considerado un día de descanso conforme a la nueva disposición legal.

Meta produjo más de 7.500 toneladas de cacao durante 2025

 

El cultivo de cacao continúa consolidándose como uno de los principales motores del desarrollo rural en el departamento del Meta, al registrar una producción de 7.549 toneladas durante 2025 y mantener presencia productiva en 27 municipios, según informó la Gobernación del Meta en el marco de la conmemoración del Día del Cacao.

Las cifras oficiales indican que el departamento cuenta con 14.656 hectáreas sembradas y 11.482 hectáreas cosechadas, reflejando el crecimiento y la importancia de esta actividad agrícola para la generación de empleo, el fortalecimiento de la economía campesina y el desarrollo del sector agropecuario.

Vista Hermosa, Granada y Cabuyaro encabezan el listado de municipios con mayor área sembrada y producción, mientras que El Castillo, Lejanías, Mesetas, Uribe, Puerto Concordia, Guamal y Puerto Rico continúan ampliando su participación en la cadena productiva del cacao, consolidando esta actividad como una alternativa sostenible para cientos de familias rurales.

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Meta, Andrés Pardo, destacó que el cacao representa una oportunidad para impulsar el desarrollo económico del campo, gracias al compromiso de productores, asociaciones y organizaciones que fortalecen la competitividad y sostenibilidad de este importante renglón agrícola.

La administración departamental resaltó además que el cultivo no solo genera ingresos y empleo, sino que también contribuye a la protección ambiental, promueve la asociatividad entre productores y favorece la permanencia de las familias campesinas en sus territorios, consolidándose como una de las principales apuestas para el desarrollo rural sostenible del Meta.

La Gobernación reiteró su compromiso de continuar apoyando la cadena productiva del cacao mediante asistencia técnica, fortalecimiento de la productividad y estrategias orientadas a mejorar la competitividad de los productores en los mercados nacionales e internacionales.

Tribunal ordena compensar a víctima del conflicto por imposibilidad de restitución de tierras en Mapiripán

La Unidad de Restitución de Tierras (URT), a través de su Dirección Territorial Meta, hizo efectiva una decisión del Tribunal Superior de Bogotá al entregar la resolución mediante la cual se reconoce una compensación a una mujer y su familia, víctimas del conflicto armado en el municipio de Mapiripán.

La medida corresponde a una forma de reparación integral, luego de que la justicia determinara que el predio reclamado por la familia no puede ser restituido materialmente debido a que se encuentra ubicado dentro de una zona de reserva forestal y protección ambiental, circunstancia que hace inviable el retorno al inmueble.

De acuerdo con el expediente judicial, la familia llegó al predio rural, de aproximadamente 762 hectáreas, en 1996, donde desarrolló actividades agrícolas y construyó su proyecto de vida. Sin embargo, la violencia provocada por el conflicto armado alteró por completo su situación.

El compañero permanente de la beneficiaria fue secuestrado por un grupo paramilitar y posteriormente asesinado, hecho que obligó a la mujer y a sus hijos a abandonar la finca para proteger sus vidas y desplazarse forzosamente hacia otro lugar.

Las afectaciones a la familia continuaron con el paso de los años. Una de las hijas fue reclutada por un grupo guerrillero, mientras que otro de los hijos fue obligado por integrantes de esa organización armada a acompañarlos, sin que desde entonces se volviera a conocer su paradero.

Tras analizar las pruebas y el contexto de violencia que afectó la región, el Tribunal Superior de Bogotá reconoció la condición de víctimas de la mujer y de su núcleo familiar, concluyendo que el abandono del predio estuvo directamente relacionado con el conflicto armado y ordenando las medidas necesarias para garantizar su reparación integral.

Durante el cumplimiento del fallo, la autoridad judicial estableció que el terreno no podía ser adjudicado por encontrarse dentro de una zona protegida ambientalmente. Por esta razón, dispuso la restitución por equivalencia, mecanismo mediante el cual la familia recibirá una compensación que les permita acceder a un predio de características similares.

Con esta actuación, la Unidad de Restitución de Tierras reafirmó su compromiso con el cumplimiento de las decisiones judiciales y con la garantía de los derechos de las víctimas del despojo y abandono forzado de tierras, ofreciendo alternativas de reparación cuando las condiciones legales y ambientales hacen imposible el retorno al lugar originalmente reclamado.

UNAD aclara que títulos legítimos mantienen plena validez tras caso de falsificación

 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) emitió un pronunciamiento oficial para aclarar que el reciente caso de falsificación de títulos descubierto en la institución no afecta la validez ni la legalidad de los diplomas obtenidos de manera legítima por sus estudiantes y egresados.

La aclaración fue realizada luego de la publicación de un artículo periodístico sobre una presunta red dedicada a la expedición irregular de títulos académicos, información frente a la cual la universidad decidió explicar las actuaciones adelantadas por la institución.

En el comunicado, la UNAD señaló que fue la propia universidad la que detectó la manipulación de su sistema central de información, iniciando de manera inmediata las investigaciones disciplinarias internas que permitieron identificar a los contratistas presuntamente involucrados en los hechos.

Posteriormente, los resultados de esas investigaciones fueron trasladados a la Fiscalía General de la Nación para que adelantara el proceso penal correspondiente y determinara las responsabilidades individuales.

La institución enfatizó que durante las investigaciones no se encontró participación de directivos de la universidad en las irregularidades detectadas, aclarando que las conductas investigadas correspondieron a actuaciones individuales de las personas involucradas.

Asimismo, informó que el proceso disciplinario interno concluyó con decisiones de responsabilidad contractual, lo que derivó en la terminación de los contratos de quienes fueron identificados como responsables de la manipulación del sistema.

No obstante, la universidad manifestó que la Fiscalía General de la Nación se abstuvo de solicitar medidas de aseguramiento contra los implicados, entre quienes, según el comunicado, figuran funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

La UNAD también expresó su inconformidad porque, según indicó, la revista que publicó la investigación no solicitó la versión oficial de la institución antes de divulgar la información, razón por la cual consideró necesario hacer públicas estas precisiones.

Finalmente, la universidad reiteró que todos los títulos otorgados mediante los procedimientos académicos y administrativos regulares conservan plena validez y cuentan con el respaldo institucional, al tiempo que reafirmó su compromiso con la transparencia, la legalidad y la protección de la calidad de la educación superior en Colombia.