El presidente Abelardo de la Espriella entregó a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría el denominado ‘Libro de la Verdad’, documento que reúne 82 denuncias sobre presuntas irregularidades y hechos de corrupción que, según el Gobierno, se habrían presentado durante la administración de Gustavo Petro.
Uno de los capítulos está relacionado con el sector agrario y cuestiona los resultados alcanzados en materia de entrega y formalización de tierras. El documento sostiene que de las 351.463 hectáreas entregadas a través del Fondo de Tierras, únicamente 98.148 contarían con registro pleno ante la Oficina de Instrumentos Públicos, mientras más de 206.000 hectáreas permanecerían en condición provisional.
El informe también señala presuntas deficiencias administrativas y de control en los procesos de adquisición de tierras adelantados por la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Según el documento, la entidad destinó $979.000 millones para adquirir 537 predios provenientes de la Sociedad de Activos Especiales y, al cierre del periodo evaluado, solamente tres tendrían escritura registrada a nombre de la Nación.
Otro de los organismos mencionados es el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). El ‘Libro de la Verdad’ advierte sobre dificultades presupuestales, acumulación de trámites pendientes y una alta dependencia de personal contratado mediante prestación de servicios.
El reporte también relaciona estas dificultades institucionales con la competitividad del sector rural. Según el documento, los retrasos en la obtención de admisibilidades sanitarias para las exportaciones de productos porcinos y bovinos representan obstáculos para la apertura de nuevos mercados, la llegada de inversiones y la generación de empleo en el campo colombiano.
El balance plantea que la política de tierras requiere resultados verificables que permitan garantizar la seguridad jurídica de los campesinos y facilitar el acceso a herramientas económicas y comerciales. En ese sentido, el documento sostiene que la entrega formal de predios debe estar acompañada de escrituras registradas, acceso a crédito y posibilidades reales de comercialización.
Las denuncias fueron puestas en conocimiento de los organismos de control para que sean las autoridades competentes las encargadas de determinar si existieron irregularidades, responsabilidades administrativas o posibles conductas que puedan constituir delitos.
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