La Agencia Nacional de Tierras (ANT) alertó a las comunidades campesinas, étnicas y a la ciudadanía en general sobre presuntos actos de suplantación de funcionarios, mediante los cuales personas inescrupulosas estarían solicitando dinero a cambio de supuestas adjudicaciones de tierras en diferentes regiones del país.
Según informó la directora de la entidad, Myriam Carolina Martínez Cárdenas, los casos más recientes se han presentado en los departamentos del Meta, Bolívar y Casanare, donde incluso se ha utilizado de manera fraudulenta el nombre de alcaldes, gobernadores y directivos de la ANT para convocar reuniones falsas.
Uno de los hechos ocurrió en el municipio de Sabanalarga, Casanare, donde comunidades campesinas fueron citadas a encuentros “institucionales” en los que se prometían adjudicaciones de predios privados a cambio de pagos cercanos a los cinco millones de pesos. Las convocatorias incluían supuestas intervenciones de autoridades locales y hasta la celebración de una misa.
Otro caso se registró en Puerto López, Meta, donde circuló un documento falso denominado “Resolución de adjudicación 00778 del 17 de octubre de 2018”, en el que se usaron de manera ilegal logos y el nombre de una funcionaria de la Agencia para adjudicar predios a entidades sin ánimo de lucro y personas despojadas.
En el departamento de Bolívar, la ANT también denunció que falsos funcionarios estarían recolectando firmas para entregar supuestos subsidios de proyectos productivos, actividades que no hacen parte de la misionalidad de la entidad.
La directora reiteró que la Agencia Nacional de Tierras no cobra por sus trámites, no utiliza intermediarios y pidió a la ciudadanía abstenerse de asistir a reuniones no convocadas oficialmente, entregar dinero o suministrar datos personales.
Finalmente, la ANT invitó a las personas que hayan sido víctimas de estas estafas a denunciar a través de sus líneas telefónicas, correos electrónicos oficiales o en los puntos de atención habilitados en todo el país.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) dejó en manos de conjueces la decisión sobre la participación de Iván Cepeda en la consulta de izquierda del Frente por la Vida, luego de que no se alcanzara la mayoría requerida para definir el caso.
La votación inicial terminó cinco votos en contra de la ponencia que le daba vía libre a Cepeda y cuatro a favor, sin alcanzar los seis votos necesarios para adoptar una decisión definitiva. La ponencia, presentada por los magistrados Alba Lucía Velásquez, Álvaro Echeverry y Fabiola Márquez, sostenía que el senador no estaba inhabilitado para participar en una nueva consulta junto a Roy Barreras, Camilo Romero y, eventualmente, Diana Osorio.
Sin embargo, el magistrado Altus Baquero se sumó posteriormente a la ponencia favorable, lo que llevó el caso a definición por parte de conjueces, según informaron Caracol Radio y Blu Radio.
El debate jurídico se centra en la naturaleza de la consulta que ganó Cepeda en octubre pasado, cuando el Pacto Histórico aún no estaba constituido como partido único. Para algunos expertos, como el subdirector de la Misión de Observación Electoral (MOE), esa consulta fue interpartidista, lo que abriría la puerta a una posible inhabilidad, dado que la ley prohíbe participar en dos consultas interpartidistas consecutivas.
Desde el Pacto Histórico, en cambio, se sostiene que se trató de una consulta interna, argumento que permitiría la participación de Cepeda en marzo. La decisión final será tomada por el CNE una vez intervengan los conjueces.
Entre tanto, los congresistas Hernán Cadavid y Katherine Miranda, demandantes del proceso, permanecen atentos al fallo, pues este tendrá efectos directos sobre el panorama electoral de la consulta presidencial de la izquierda.
La determinación de liquidar la Unidad de Licores del Meta, aunque contundente, no tomó por sorpresa a quienes seguían de cerca la situación financiera de la entidad. Durante las administraciones departamentales anteriores, la empresa fue manejada sin una estrategia clara de sostenibilidad, mercadeo y expansión comercial, lo que derivó en una crisis irreversible.
Bajo las gerencias de Jaime Mariño, durante el gobierno de Marcela Amaya, y de Diego Meyer en la administración de Juan Guillermo Zuluaga, la ULM perdió mercados estratégicos y redujo de manera significativa su capacidad competitiva en el sector licorero. No se consolidaron planes de comercialización ni campañas de posicionamiento del Aguardiente Llanero, lo que permitió que la competencia ocupara espacios históricos en plazas como Bogotá, Yopal, San José del Guaviare e incluso Villavicencio.
El deterioro administrativo convirtió a la Unidad de Licores en una empresa inviable desde el punto de vista técnico y financiero. Aunque la crisis se gestó en gobiernos anteriores, será la actual administración departamental, liderada por la gobernadora Rafaela Cortés, la que asuma el impacto político del cierre.
Uno de los efectos más sensibles será la disminución de recursos destinados al sector salud, históricamente beneficiado con las transferencias provenientes de la venta de licores, lo que podría agravar la situación financiera de hospitales y centros asistenciales del Meta.
La liquidación también deja cuestionamientos sobre el control político ejercido por la Asamblea Departamental, que pese a las alertas internas y mediáticas, no adelantó acciones eficaces de vigilancia. A esto se suman críticas por la elección del actual contralor departamental, en medio del proceso de cierre de la entidad.
Creada en 1960, la Unidad de Licores del Meta generó empleo durante décadas y posicionó al Aguardiente Llanero como uno de los productos más representativos del departamento. Con la liquidación, se dará paso a una concesión para la producción del licor a una gran empresa licorera del país.
En el ámbito laboral, menos de diez trabajadores resultarán afectados directamente; algunos próximos a pensionarse y otros en proceso de reubicación. Tras conocerse la decisión, Luis Alfredo Arias Marcado presentó su renuncia irrevocable a la entidad.
Fuente: Noticiero del llano
Cormacarena alertó sobre los constantes hallazgos de especies silvestres como serpientes, osos hormigueros, ocelotes y monos en zonas urbanas del departamento del Meta, e hizo un llamado a la comunidad para actuar con calma y responsabilidad.
La Autoridad Ambiental recordó que estos animales suelen encontrarse desorientados y no representan una amenaza directa, por lo que no deben ser agredidos ni golpeados, ya que esto pone en riesgo su integridad y la de las personas.
Como primer paso, se recomienda mantener la calma y, si es posible, asegurar al animal en un espacio cerrado o una caja, evitando su escape. Posteriormente, se debe contactar al WhatsApp de fauna silvestre 321 482 0327, enviando la ubicación exacta para que el equipo veterinario acuda al lugar en la ambulancia especializada.
Una vez atendido el caso, los profesionales realizan una valoración médica para determinar si la especie puede regresar de inmediato a su hábitat natural o si debe ser trasladada al Centro de Atención y Valoración (CAV). Finalmente, cuando las condiciones lo permiten, el animal es liberado en un entorno adecuado que garantice su supervivencia y bienestar.
Cormacarena reiteró la importancia de proteger la fauna silvestre y recordó que el respeto por estas especies es fundamental para la conservación y el equilibrio ecológico del departamento.
Durante una reunión convocada por Proindesa y Prorinoquia, con participación de gremios y medios de comunicación, se plantearon varias iniciativas dirigidas al Gobierno del presidente Gustavo Petro, con el fin de atender de manera integral la problemática que afecta este corredor estratégico.
Entre las propuestas se destaca la creación de una Gerencia para la Vía Bogotá–Villavicencio, que permita ejecutar acciones serias, eficientes y coordinadas entre las entidades responsables.
Los gremios pidieron al Invías acelerar los procesos contractuales para remover el derrumbe en el kilómetro 18+000, en jurisdicción de Chipaque, y a la ANI avanzar en la atención de los 137 puntos críticos, cuya estabilización requiere inversiones cercanas a los 2,9 billones de pesos.
Asimismo, solicitaron el desembolso inmediato del Fondo de Contingencia para habilitar el paso por el túnel 12 y reconectar con el puente Chirajara, así como destrabar el acuerdo que permitiría a Coviandina ejecutar, con recursos propios, obras como la doble calzada Bogotá–Cáqueza.
En el ámbito ambiental, se pidió a Corporinoquia y a la Alcaldía de Chipaque la compra urgente de 20 hectáreas para la restauración de la ladera afectada, además de una revisión estricta de los usos del suelo y el manejo de aguas para evitar nuevos deslizamientos.
Finalmente, los gremios insistieron en la declaratoria de urgencia manifiesta, como mecanismo para que las entidades actúen de forma coordinada y frenen lo que califican como una nueva tragedia para los departamentos de la Orinoquía.
Fuente: Noticiero del llano
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en cabeza de la viceministra de Asuntos Agropecuarios, Geidy Ortega Trujillo, lideró en Bogotá una sesión extraordinaria del Consejo Nacional del Arroz, con el objetivo de evaluar el balance del Acuerdo Nacional y hacer seguimiento a la Resolución de libertad regulada del precio del arroz paddy verde, vigente desde el 1 de agosto.
Fuente: Noticiero del llano
La Gobernación del Meta, en articulación con las Juntas de Acción Comunal (JAC), avanza en la ejecución de mejoramientos viales en las veredas Pavitos, Carutal y Algarrobo del municipio de Barranca de Upía, mediante la formalización de tres convenios solidarios que ya cuentan con actas de inicio.
Las intervenciones buscan mitigar los puntos críticos que afectan la movilidad rural, especialmente durante la temporada de lluvias, y mejorar las condiciones de acceso para las comunidades campesinas. En la vereda Carutal se contempla la construcción de una placa huella en la vía que conecta a Barranca de Upía con los Termales de Guaicaramo, un corredor estratégico para el desarrollo turístico del municipio.
Los líderes comunales destacaron el impacto positivo de estas obras, que no solo mejoran la movilidad, sino que fortalecen la seguridad vial, el bienestar comunitario y la participación ciudadana en la ejecución de proyectos locales.
Estos convenios solidarios hacen parte de la estrategia departamental de desarrollo rural, orientada a promover la corresponsabilidad entre el Estado y las comunidades, mejorar la calidad de vida en las zonas rurales del Meta y fomentar un crecimiento sostenible con enfoque social.
Fuente: Noticiero del llano
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