Gobernadores y Gobierno no logran acuerdo por decreto que sube IVA a licores y cigarrillos

Al cierre de esta edición, no se logró un acuerdo entre los gobernadores de la Federación Nacional de Departamentos y los ministros del Interior y de Hacienda frente al Decreto 1474 de 2025, que incrementa el Impuesto al Consumo y eleva del 5 % al 19 % el IVA para licores, vinos, aperitivos y cigarrillos.

Los encuentros realizados en Bogotá evidenciaron la preocupación de las regiones por el impacto fiscal y social de la medida, que, según los mandatarios departamentales, pone en riesgo las finanzas territoriales destinadas a sectores clave como salud, educación y deporte. Ante este escenario, los gobernadores anunciaron que acudirán a instancias judiciales y solicitarán a la Corte Constitucional la suspensión provisional del decreto.

Desde los departamentos se advirtió que la medida vulnera el modelo constitucional de descentralización, al afectar rentas cedidas a los entes territoriales sin una concertación previa. En el Meta, las alertas se intensificaron durante la primera sesión ordinaria del Comité Departamental contra el Contrabando, donde autoridades y gremios señalaron que el aumento del IVA podría disparar la ilegalidad, la adulteración de licores, la pérdida de empleos y una caída del recaudo.

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, aseguró que el rechazo al decreto es generalizado. “No diría que somos 19 gobernadores, somos todos”, afirmó, al advertir que el aumento de impuestos podría profundizar el contrabando, que en el caso de los cigarrillos ya habría crecido un 36 %.

El abogado Edgar Ardila explicó que los decretos expedidos en el marco de una emergencia económica tienen fuerza de ley, pero pueden ser inaplicados mediante la excepción de inconstitucionalidad si se considera que vulneran principios como la autonomía territorial y la descentralización administrativa. No obstante, aclaró que dicha decisión obliga al mandatario a demandar el decreto ante la Corte Constitucional.

Gremios como Asobares y la Cámara de Industrias Asociadas de Bebidas Alcohólicas (CABA) coincidieron en que la medida podría acelerar el cierre de establecimientos formales, debilitar la competitividad regional y favorecer las estructuras ilegales, con mayores riesgos para la salud pública.

Fuente: Noticiero del llano

Gobernadores buscan frenar decreto que aumenta IVA y el impuesto al consumo

Los gobernadores del país avanzan en la construcción de una estrategia jurídica conjunta para frenar los efectos del Decreto 1474 de 2025, que contempla el aumento del impuesto al consumo y el incremento del IVA del 5 % al 19 %, tras una reunión extraordinaria realizada en la Federación Nacional de Departamentos (FND). Los mandatarios advierten que la medida tendría un impacto negativo en las finanzas territoriales y en la prestación de servicios esenciales.

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, manifestó que la decisión del Gobierno nacional pone en riesgo la autonomía fiscal de los departamentos y la estabilidad presupuestal de las regiones. Según indicó, existe una preocupación unificada entre los gobernadores frente a los efectos que el decreto podría generar en la gobernanza territorial y en la capacidad de respuesta de las administraciones departamentales.

Cortés explicó que, con el acompañamiento técnico y jurídico de la FND, se estudia de manera urgente el mecanismo legal más adecuado para suspender la aplicación del decreto mientras la Corte Constitucional se pronuncia de fondo sobre su validez. Entre las alternativas se contempla la eventual aplicación de una excepción de inconstitucionalidad, ante el riesgo de afectación directa a derechos fundamentales.

De acuerdo con la mandataria, el aumento de la carga tributaria impactaría de forma directa la financiación de sectores estratégicos como salud, educación y deporte, lo que podría traducirse en un deterioro de la prestación de servicios a los ciudadanos. Por ello, la estrategia jurídica buscará llevar el caso ante los estrados judiciales con el fin de evitar consecuencias fiscales negativas para los departamentos y la población, mientras se define la constitucionalidad de la medida.

Fuente: Noticiero del llano