Restitución del predio ‘La Pocha’ en Puerto López

La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó a sus legítimos dueños el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López.

Se cumplió así una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.

A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar.

Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.

El caso fue llevado por la URT ante la justicia y el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.

Redaccion:  Noticiero del LLano

JEP imputa a 30 militares por crímenes de guerra y de lesa humanidad en el Meta

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputó crímenes de guerra, de lesa humanidad y delitos ordinarios a 30 militares, entre ellos tres generales en retiro, por hechos ocurridos en el departamento del Meta entre 2002 y 2007.

Según la JEP, participaron en la ejecución de un plan criminal orientado a presentar homicidios de civiles inermes como resultados operacionales legítimos con el objetivo de generar una falsa sensación de seguridad en la población y obtener beneficios institucionales. 

Los implicados eran integrantes del Batallón de Infantería No. 21 Pantano de Vargas, del Gaula y de la Séptima Brigada. 

La JEP imputó como máximos responsables a tres antiguos comandantes de la Séptima Brigada: el brigadier general Carlos Ovidio Saavedra Sáenz, mayor general Carlos Eduardo Ávila Beltrán y brigadier general Francisco José Ardila Uribe.

Los dos primeros, fueron imputados, además, por el delito de homicidio agravado.

Sobre los otros 27, la sala determinó que son coautores de los crímenes que se les imputan.

Un capítulo de la investigación es sobre homicidios y desapariciones cometidas por los integrantes del batallón Vargas de Granada y los miembros del Bloque Centauros.

Este patrón se presentó entre 2002 y marzo de 2006, aunque la mayor parte de los casos ocurrieron entre 2002 y 2003. Este periodo coincide con la comandancia del coronel Héctor Alejandro Cabuya de León en el batallón Vargas y de Carlos Ovidio Saavedra Sáenz en la Séptima Brigada. 

Este primer capítulo abarca 48 hechos, en los cuales 117 personas fueron asesinadas. 

El segundo capítulo corresponde a los homicidios y desapariciones forzadas perpetradas por integrantes del batallón Vargas sin apoyo de paramilitares. 

Este patrón comprende 22 hechos en los que 37 personas fueron asesinadas.

Una vez notificados del Auto de Determinación de Hechos y Conductas, los 30 comparecientes disponen de 15 días hábiles para reconocer o rechazar los hechos y las responsabilidades que se les atribuyen.

En ese mismo plazo, pueden presentar observaciones, argumentos o elementos adicionales de prueba que consideren pertinentes. 

Concluido este periodo, la Jurisdicción Especial para la Paz evaluará si existen reconocimientos suficientes y aportes plenos a la verdad para programar una Audiencia de Reconocimiento de Verdad, la cual se llevará a cabo con participación de las víctimas. 

Quienes no reconozcan responsabilidad serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que decidirá si formula cargos ante el Tribunal para la Paz. De ser hallados culpables, se podrían enfrentar penas de hasta 20 años de cárcel.

La JEP critica en esta resolución a varias instituciones que tienen la responsabilidad de impartir justicia en Colombia:

“Se observa una falla sistémica de las instituciones militares y civiles —como la Justicia Penal Militar, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, entre otras— encargadas de proteger a la población en Meta. Todos los mecanismos de control disponibles fallaron o fueron insuficientes para proteger los bienes jurídicos de los más vulnerables”, se lee en la resolución.

Redaccion: Noticiero del Llano

Trasladan a Mitú los cuerpos de las cuatro víctimas del accidente aéreo en Bocoa, Vaupés

Los cuerpos de las cuatro víctimas del accidente aéreo en Bocoa (Vaupés) fueron trasladados a Mitú.

En la diligencia a cargo de los organismos de socorro y la Policía Nacional se utilizó un helicóptero.

Una comisión investigadora de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil se encuentra en Mitú recogiendo detalles que permitan aclarar cuál fue la causa del accidente.

Redaccion: Noticiero del Llano

📰 Víctima de desplazamiento en Lejanías recibe compensación de la Unidad de Restitución de Tierras

En cumplimiento de una orden judicial, la Dirección Territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó a María Gladys Castañeda Vargas la resolución que le reconoce una compensación económica por la finca que tuvo que abandonar en la vereda Caño Rojo del municipio de Lejanías.

En 2003, los paramilitares incursionaron en la zona y asesinaron a su esposo, Evangelista Hernández.

En medio de las amenazas, la señora Castañeda y su hijo lograron huir de la vereda, dejando atrás su vivienda, cultivos y animales.

Desde entonces, la familia no pudo regresar y fue reconocida como víctima de homicidio y desplazamiento forzado.

La compensación es un pago o entrega de otro predio equivalente que se otorga a las víctimas cuando la restitución del predio original es imposible, debido a impedimentos jurídicos o materiales.

Esta figura se aplica cuando el predio original está en zonas de alto riesgo o por otras causales, garantizando que cada familia acceda a una vida en condiciones de seguridad, dignidad y justicia.

Redaccion: Noticiero del Llano

🕊️ A 40 años de la Toma del Palacio de Justicia: heridas que aún no cicatrizan

Hoy se conmemoran 40 años de la toma del Palacio de Justicia en Bogotá por parte del M-19 y la retoma por parte del Ejército.

Una de las preguntas sin respuesta tiene que ver con la seguridad de la sede judicial, que fue levantada días antes de la toma, pese a las amenazas que recibían los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.

La financiación de la operación criminal con dineros del narcotráfico, específicamente del propio Pablo Escobar y del cartel de Medellín, sigue siendo otro cabo suelto.

Los guerrilleros mataron a tres de los magistrados de la Sala Constitucional que habían estado debatiendo la exequibilidad del tratado de extradición.

El 7 de noviembre, luego de la liberación del magistrado Reinaldo Arciniegas, cuando el fuego que consumió el edificio había cedido y las fuerzas militares estaban dentro del palacio sin saber en donde se encontraba el diezmado grupo terrorista que había perpetrado la toma, los oficiales que comandaban la operación, en lugar de atender la petición explícita de cesar el fuego y buscar una mediación de la cruz roja para acordar la entrega de los rehenes, usaron la información que les proporcionó el magistrado para dinamitar una de las paredes del baño en que se encontraban más de 70 personas, entre guerrilleros, magistrados y civiles. 

La explosión y los disparos que se hicieron a través del boquete que se abrió hirieron o causaron la muerte de la mayoría de quienes allí estaban refugiados.

Redaccion: Noticiero del Llano

UBPD recuperó tres cuerpos de desaparecidos en Puerto Rico y Puerto Concordia

El equipo forense de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) realizó dos acciones humanitarias en los municipios de Puerto Rico y Puerto Concordia (Meta), que permitieron la recuperación de tres cuerpos de posibles víctimas del conflicto armado.

Según informó Diana Ladino, coordinadora de la UBPD en el Guaviare, dos de los cuerpos corresponden a personas que habrían desaparecido a inicios de la década del 2000 y el tercero a los años 90.

En zona rural de Puerto Rico, específicamente en la vereda El Oasis, tras cruzar el río Ariari, el equipo forense identificó un sitio de interés donde se presumía la inhumación de dos personas. Tras varias horas de trabajo, los restos fueron recuperados en horas de la noche.

Por otra parte, en el cementerio de la vereda El Pororio de Puerto Concordia, se exhumó un cuerpo que fue entregado al Instituto de Medicina Legal para adelantar los procesos de identificación.

Estas acciones hacen parte del trabajo humanitario de la UBPD para dar respuesta a las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos en el marco del conflicto armado.

Fuente: Noticiero del Llano.

Título: Falleció Andrea Bejarano en accidente de moto en la vía Acacías–Chichimene

Un Trágico accidente de tránsito se registró en la vía que conduce de Acacías a Chichimene, donde falleció Andrea Bejarano, madre de dos niños.

Según testigos, la mujer viajaba como parrillera junto a otra persona en motocicleta y al cruzar un reductor de velocidad perdieron el control, lo que provocó la caída.

Andrea fue trasladada de urgencia a un centro asistencial en Villavicencio, donde lamentablemente perdió la vida poco después.

Las autoridades investigan las causas del siniestro y recordaron la importancia de respetar las normas de tránsito y los límites de velocidad para prevenir tragedias en las vías del Meta.

Fuente: Noticiero del LLano