Hoy se conmemoran 40 años de la toma del Palacio de Justicia en Bogotá por parte del M-19 y la retoma por parte del Ejército.Una de las preguntas sin respuesta tiene que ver con la seguridad de la sede judicial, que fue levantada días antes de la toma, pese a las amenazas que recibían los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.
La financiación de la operación criminal con dineros del narcotráfico, específicamente del propio Pablo Escobar y del cartel de Medellín, sigue siendo otro cabo suelto.
Los guerrilleros mataron a tres de los magistrados de la Sala Constitucional que habían estado debatiendo la exequibilidad del tratado de extradición.
El 7 de noviembre, luego de la liberación del magistrado Reinaldo Arciniegas, cuando el fuego que consumió el edificio había cedido y las fuerzas militares estaban dentro del palacio sin saber en donde se encontraba el diezmado grupo terrorista que había perpetrado la toma, los oficiales que comandaban la operación, en lugar de atender la petición explícita de cesar el fuego y buscar una mediación de la cruz roja para acordar la entrega de los rehenes, usaron la información que les proporcionó el magistrado para dinamitar una de las paredes del baño en que se encontraban más de 70 personas, entre guerrilleros, magistrados y civiles.
La explosión y los disparos que se hicieron a través del boquete que se abrió hirieron o causaron la muerte de la mayoría de quienes allí estaban refugiados.
Redaccion: Noticiero del Llano
