Libro de la Verdad denuncia presuntas irregularidades en compra y entrega de tierras

 

El presidente Abelardo de la Espriella entregó a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría el denominado ‘Libro de la Verdad’, documento que reúne 82 denuncias sobre presuntas irregularidades y hechos de corrupción que, según el Gobierno, se habrían presentado durante la administración de Gustavo Petro.

Uno de los capítulos está relacionado con el sector agrario y cuestiona los resultados alcanzados en materia de entrega y formalización de tierras. El documento sostiene que de las 351.463 hectáreas entregadas a través del Fondo de Tierras, únicamente 98.148 contarían con registro pleno ante la Oficina de Instrumentos Públicos, mientras más de 206.000 hectáreas permanecerían en condición provisional.

El informe también señala presuntas deficiencias administrativas y de control en los procesos de adquisición de tierras adelantados por la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Según el documento, la entidad destinó $979.000 millones para adquirir 537 predios provenientes de la Sociedad de Activos Especiales y, al cierre del periodo evaluado, solamente tres tendrían escritura registrada a nombre de la Nación.

Otro de los organismos mencionados es el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). El ‘Libro de la Verdad’ advierte sobre dificultades presupuestales, acumulación de trámites pendientes y una alta dependencia de personal contratado mediante prestación de servicios.

El reporte también relaciona estas dificultades institucionales con la competitividad del sector rural. Según el documento, los retrasos en la obtención de admisibilidades sanitarias para las exportaciones de productos porcinos y bovinos representan obstáculos para la apertura de nuevos mercados, la llegada de inversiones y la generación de empleo en el campo colombiano.

El balance plantea que la política de tierras requiere resultados verificables que permitan garantizar la seguridad jurídica de los campesinos y facilitar el acceso a herramientas económicas y comerciales. En ese sentido, el documento sostiene que la entrega formal de predios debe estar acompañada de escrituras registradas, acceso a crédito y posibilidades reales de comercialización.

Las denuncias fueron puestas en conocimiento de los organismos de control para que sean las autoridades competentes las encargadas de determinar si existieron irregularidades, responsabilidades administrativas o posibles conductas que puedan constituir delitos.

Capturan en Villavicencio a señalados de corrupción con recursos de regalías

 

La Fiscalía General de la Nación puso al descubierto un presunto esquema de corrupción que habría utilizado el Fondo Mixto Sierra Nevada para direccionar contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías por más de 3 billones de pesos. La operación dejó 13 personas capturadas en diferentes ciudades del país, entre ellas Villavicencio.

Las capturas se realizaron en Villavicencio, Bogotá, Cartagena, Valledupar, Sogamoso y Pereira. Entre los detenidos se encuentran los gobernadores Luis Alfredo Gutiérrez García, de Vaupés; Fulberto Guevara, de Vichada; Yeison Ferney Rojas Martínez, de Guaviare, y el exgobernador del Vichada Álvaro Arley León.

En el operativo también fueron capturados el alcalde de María La Baja, Bolívar; un exalcalde de La Paz, Cesar; un contratista y varios exfuncionarios y directivos relacionados con el Fondo Mixto Sierra Nevada, entre ellos exrepresentantes legales, exdirectores administrativo, financiero y ejecutivo, el revisor fiscal, el director técnico y supervisores.

Según los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, funcionarios públicos y particulares habrían utilizado el Fondo Mixto Sierra Nevada para concentrar la ejecución de cerca de 480 proyectos financiados con recursos públicos.

Los proyectos estarían relacionados con infraestructura, educación, agua potable y saneamiento básico, deporte y recreación, medio ambiente, gestión del riesgo, salud, energía eléctrica y mejoramiento de vivienda rural.

La investigación señala que para ejecutar el presunto esquema se habría implementado un manual de contratación propio, mediante el cual se adjudicaban contratos y subcontratos a terceros. De acuerdo con la Fiscalía, algunos procesos habrían sido direccionados mediante documentos, actas y registros presuntamente falsos que buscaban inducir en error a las autoridades y evadir los controles establecidos para la contratación pública.

Durante el operativo fueron realizadas 15 diligencias de allanamiento y registro en las que las autoridades incautaron equipos y documentos que ahora serán analizados dentro de la investigación.

Las personas capturadas deberán comparecer ante las autoridades judiciales, que definirán su situación jurídica y determinarán las responsabilidades individuales dentro del proceso. Las acusaciones corresponden a una investigación en curso y deberán ser esclarecidas durante las respectivas actuaciones judiciales.

Envían a prisión a exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por presunto direccionamiento de contratos

Una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, por su posible participación en el direccionamiento irregular de contratos.

Los exfuncionarios son señalados de convocar y asistir a reuniones, dar órdenes y realizar seguimiento para que proyectos de inversión en el Instituto Nacional de Vías y en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres fueran asignados a determinados congresistas, y así garantizar su voto y respaldo a diferentes iniciativas y reformas gubernamentales que estaban en estudio en el Congreso de la República.

El equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia a cargo de esta macroinvestigación conoció tres momentos en los que se habrían configurado las actuaciones ilícitas.

Inicialmente, entre junio y septiembre de 2023, los exministros presuntamente intervinieron indebidamente en 79 contratos por 612.237 millones de pesos.

De esos, 7 se concretaron y fueron orientados de acuerdo con sus intereses.

Luego, entre septiembre y diciembre de 2023, intercedieron en tres contratos de UNGRD que tenían como objeto la mitigación y atención de emergencias en Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y el corregimiento El Salado en Carmen de Bolívar (Bolívar) por valor de 86.619 millones pesos.

Las evidencias indican que estos negocios no alcanzaron a ser direccionados, pero los congresistas a beneficiar deliberaron y aprobaron 17 notas crédito de endeudamiento a favor del Gobierno nacional.

Finalmente, entre noviembre de 2023 y marzo de 2024, Bonilla González y Velasco Chaves habrían mediado de manera ilegal para que un contrato de la Ungrd que se ejecutaría en Sahagún (Córdoba), que ascendía a 35.000 millones de pesos, fuera entregado a personas afines de un congresista de la Comisión Primera del Senado, situación que no se materializó.

Por todo lo anterior, la Fiscalía imputó a los dos exministros los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Los cargos no fueron aceptados.

 Redaccion: Noticiero del Llano

 

Imputan al exgobernador de Vichada por irregularidades en contratos del Centro de Energías Renovables

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó al exgobernador de Vichada, Sergio Andrés Espinosa Flórez, los delitos de falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

Espinosa, quien fue gobernador en el periodo 2012 – 2015, suscribió 5 contratos relacionados con la construcción del Centro de Formación e Investigación de Energías Renovables de Puerto Carreño.

En 2012 tramitó ante el OCAD del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías la aprobación de dicho centro. 

Para viabilizar el proyecto, al parecer presentó un documento público falso para obtener la aprobación y financiación.

La investigación indica que con el dinero firmó unos contratos que incumplían los requisitos de ley, desnaturalizando la esencia del proyecto de ciencia y tecnología, en medio de sobrecostos y con la intención de favorecer a dos contratistas específicos.

La totalidad de la contratación superó los 30.738 millones de pesos, de los cuales más de 3.000 millones de pesos se quedaron en las cuentas bancarias de los contratistas.

Asimismo, Manuel Alberto Villalba Tavera, quien fue gobernador encargado y estaría implicado en las irregularidades detectadas en dos de los contratos, fue imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

Los cargos no fueron aceptados por los procesados.

Redaccion: Noticiero del Llano

Procuraduría destituye e inhabilita por más de nueve años a excontralor del Vaupés

La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por nueve años y seis meses para ejercer cargos públicos al excontralor departamental de Vaupés (periodo 2020–2021), John Jairo Escobar, por haber desempeñado dicho cargo a pesar de encontrarse inhabilitado por una condena penal previa.

El fallo de primera instancia señaló que el sancionado se postuló, se inscribió, resultó elegido y ejerció como contralor departamental, pese a que en 2012 había sido condenado por el delito de omisión de agente retenedor o recaudador, pena confirmada en 2013 por el Tribunal Superior de Bogotá y que conllevaba inhabilidad permanente para ejercer el cargo de contralor.

El ente disciplinario consideró que su conducta afectó gravemente los principios de moralidad y transparencia de la función pública, al comprometer la legalidad y legitimidad del proceso de elección de contralor. 

La Procuraduría Regional de Juzgamiento de Caquetá calificó la falta como gravísima cometida a título de culpa gravísima. La decisión de primera instancia advierte que contra este fallo procede recurso de apelación.

Redaccion: Noticiero del Llano

Fiscalía crea regional contra la corrupción con sede en Villavicencio y San José del Guaviare

La Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía General de la Nación se reorganizó para hacer presencia en los territorios que requieren acciones prioritarias y específicas contra los fenómenos de corrupción.

A través de la Resolución N°376 de 2025, fueron creadas cinco regionales especializadas contra la corrupción, conformadas por 31 fiscales y sus respectivos equipos de trabajo: asistentes e investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la DIJIN de la Policía Nacional.

La regional 5 tendrá oficinas en Villavicencio y San José del Guaviare y su jurisdicción será Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada.

Esta descentralización tuvo en cuenta criterios de experiencia e idoneidad de los funcionarios, responde a un riguroso diagnóstico de la carga laboral de la Dirección Especializada contra la Corrupción y busca hacer frente a las dificultades que impiden adelantar con mayor celeridad las investigaciones, entre ellas la excesiva concentración de talento humano y recursos investigativos en la capital de la República.

Para evitar traumatismos, se pondrá en funcionamiento un sistema de reparto aleatorio y automático de casos.

La Resolución N°376 de 2025 de la DECC también dispone la conformación de 25 grupos de tareas especiales para abordar líneas específicas de investigación, como también una línea de trabajo para dar atención prioritaria a los delitos contra los mecanismos de participación democrática de cara al proceso electoral que se aproxima, con presencia en Bogotá, Villavicencio, Cali, Barranquilla y Medellín. 

Fuente: Noticiero del Llano