Corte Suprema deja en firme condena contra el exalcalde de Puerto López Víctor Bravo

La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 78 meses de prisión, equivalentes a seis años y medio, contra el exalcalde de Puerto López y abogado Víctor Manuel Bravo Rodríguez, al resolver el recurso extraordinario de casación dentro del proceso que se adelantaba en su contra por el delito de fraude procesal.

Con la decisión, emitida el pasado 1 de julio, el alto tribunal ratificó la sentencia proferida en 2021 por el Tribunal Superior de Villavicencio, que declaró responsable al exmandatario por utilizar documentación falsa para figurar como copropietario de bienes pertenecientes a una clienta.

Según el proceso judicial, Martha Patricia Ramírez Bonilla contrató a Víctor Bravo en 2008 para que la representara en un trámite de disolución de sociedad conyugal y separación de su esposo, Flavio Molina Trujillo. Sin embargo, durante el desarrollo del proceso, el abogado habría empleado documentos falsificados para obtener derechos sobre bienes de la mujer.

El fallo del Tribunal Superior concedió al condenado el beneficio de prisión domiciliaria. No obstante, la sentencia solo quedó ejecutoriada una vez la Corte Suprema resolvió el recurso de casación, agotando así la última instancia dentro del proceso penal.

Víctor Manuel Bravo también se desempeñó como secretario de Gobierno del departamento del Meta, además de ejercer como alcalde del municipio de Puerto López.

Envían a prisión a exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por presunto direccionamiento de contratos

Una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, por su posible participación en el direccionamiento irregular de contratos.

Los exfuncionarios son señalados de convocar y asistir a reuniones, dar órdenes y realizar seguimiento para que proyectos de inversión en el Instituto Nacional de Vías y en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres fueran asignados a determinados congresistas, y así garantizar su voto y respaldo a diferentes iniciativas y reformas gubernamentales que estaban en estudio en el Congreso de la República.

El equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia a cargo de esta macroinvestigación conoció tres momentos en los que se habrían configurado las actuaciones ilícitas.

Inicialmente, entre junio y septiembre de 2023, los exministros presuntamente intervinieron indebidamente en 79 contratos por 612.237 millones de pesos.

De esos, 7 se concretaron y fueron orientados de acuerdo con sus intereses.

Luego, entre septiembre y diciembre de 2023, intercedieron en tres contratos de UNGRD que tenían como objeto la mitigación y atención de emergencias en Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y el corregimiento El Salado en Carmen de Bolívar (Bolívar) por valor de 86.619 millones pesos.

Las evidencias indican que estos negocios no alcanzaron a ser direccionados, pero los congresistas a beneficiar deliberaron y aprobaron 17 notas crédito de endeudamiento a favor del Gobierno nacional.

Finalmente, entre noviembre de 2023 y marzo de 2024, Bonilla González y Velasco Chaves habrían mediado de manera ilegal para que un contrato de la Ungrd que se ejecutaría en Sahagún (Córdoba), que ascendía a 35.000 millones de pesos, fuera entregado a personas afines de un congresista de la Comisión Primera del Senado, situación que no se materializó.

Por todo lo anterior, la Fiscalía imputó a los dos exministros los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Los cargos no fueron aceptados.

 Redaccion: Noticiero del Llano

 

Capturan al exdirector de la Policía Rodolfo Palomino para cumplir condena por tráfico de influencias

El exdirector de la Policía Nacional, el general en retiro Rodolfo Palomino, fue capturado ayer para que cumpla una condena a siete años de prisión que le impuso la Corte Suprema de Justicia por tráfico de influencias.

La condena de la Corte Suprema se centra en un episodio ocurrido el 8 de febrero de 2014, cuando Palomino habría intervenido ante la fiscal especializada Sonia Lucero Velásquez Patiño para frenar la captura del empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo, investigado por presunto despojo de tierras con participación de estructuras criminales.

Según el fallo, el entonces director de la Policía utilizó la autoridad de su cargo para influir en un proceso penal que no le correspondía, alterando la independencia de la administración de justicia.

Este comportamiento fue catalogado por el alto tribunal como un “abuso de poder incompatible con la función pública”, lo que derivó en la orden de captura ejecutada este 24 de noviembre.

Redaccion: Noticiero del Llano

Fiscalía reconoce al presidente Petro como posible afectado en investigación contra fiscal Burgos

La Fiscalía Quinta delegada ante la Corte Suprema reconoció al presidente Gustavo Petro como “potencial víctima” en el proceso que se adelanta contra el fiscal Mario Andrés Burgos, investigado por presunto fraude procesal.

Según el análisis del ente acusador, algunas de las preguntas formuladas por Burgos durante la investigación a Nicolás Petro no solo salían del marco de sus funciones, sino que además podían afectar la dignidad institucional y el buen nombre del mandatario.

Para la Fiscalía, esto podría constituir un daño inmaterial, lo que abre la puerta a que Petro participe en la indagación como interviniente especial.

Aun así, el organismo dejó claro que este reconocimiento no vulnera la presunción de inocencia del fiscal Burgos y que la investigación sigue su curso.

Redaccion: Noticiero del Llano