La elección de María del Carmen Mayusa Cruz como representante a la Cámara por el departamento del Meta para el período constitucional 2026-2030 entró oficialmente en revisión judicial luego de que el Consejo de Estado admitiera una demanda de nulidad electoral que busca dejar sin efectos la credencial que la acredita como congresista.
La acción fue presentada por Nicolás Farfán Namén, quien argumenta que durante el proceso electoral se habrían presentado presuntas irregularidades relacionadas con la conformación de la lista de candidatos de la coalición Pacto Histórico–Frente Amplio, organización política bajo la cual resultó elegida la dirigente metense.
Con la admisión de la demanda, el Consejo de Estado dio apertura formal al expediente y ordenó la vinculación de diferentes entidades que participaron en el proceso electoral, entre ellas el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Ministerio Público, con el propósito de recopilar información y garantizar el debido proceso dentro de la actuación judicial.
Uno de los elementos que forma parte del expediente corresponde a una decisión previa adoptada por el Consejo Nacional Electoral, mediante la cual fue revocada la candidatura de José Manuel Sandoval Garzón. Según el organismo electoral, dicha determinación obedeció al incumplimiento de los resultados obtenidos en una consulta interna realizada por la coalición política en octubre de 2025 para definir el orden de sus candidatos.
De acuerdo con la posición expuesta por el CNE dentro del proceso, cualquier modificación posterior de la lista debía respetar estrictamente el orden establecido por los ciudadanos que participaron en esa consulta. En consecuencia, la autoridad electoral sostuvo que la tercera posición de la lista correspondía a Martha Cecilia Garzón Cortés, aspecto que ahora será objeto de análisis por parte del alto tribunal.
La demanda también plantea cuestionamientos relacionados con la conformación de la coalición política y el cumplimiento de las normas electorales vigentes, incluyendo posibles situaciones asociadas a presunta doble militancia y otros aspectos que, según el demandante, podrían afectar la legalidad de la elección.
Es importante precisar que la admisión de la demanda no implica una decisión sobre el fondo del asunto ni la pérdida inmediata de la investidura o la curul de la congresista. Esta actuación corresponde únicamente al inicio formal del estudio judicial, etapa en la que las partes podrán presentar pruebas, argumentos y observaciones para sustentar sus posiciones.
Ahora será el Consejo de Estado, como máximo tribunal de lo contencioso administrativo, el encargado de evaluar la totalidad de las pruebas y determinar si efectivamente existieron irregularidades que puedan comprometer la validez de la elección de María del Carmen Mayusa.
Mientras avanza el trámite judicial, la representante a la Cámara mantiene plenamente sus funciones y prerrogativas como congresista, a la espera de una decisión definitiva que podría tardar varios meses dependiendo de la complejidad del proceso y del análisis probatorio que realice la corporación.
Fuente: Noticiero del llano
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