Consejo de Estado pone límites a la protesta y condena a organización por bloqueos en campo petrolero de Acacías

 

El Consejo de Estado puso límites al ejercicio del derecho a la protesta al declarar patrimonialmente responsables a una organización comunitaria y a su entonces presidenta por los perjuicios ocasionados a Ecopetrol durante una serie de bloqueos en la Estación Chichimene, ubicada en Acacías, Meta.

La decisión revocó el fallo del Tribunal Administrativo del Meta que, en febrero pasado, había negado las pretensiones de la petrolera. En su lugar, el alto tribunal condenó solidariamente a la Corporación Comunitaria Juntas de Acción Comunal Área de Influencia Directa San Isidro de Chichimene (CJAID) y a quien era su representante legal, Sandra Patricia Ruiz Riaño.

Los hechos se remontan al periodo comprendido entre el 31 de julio y el 15 de agosto de 2017, cuando habitantes de las veredas La Esmeralda y San Isidro de Chichimene adelantaron una protesta para exigir, entre otros asuntos, la asignación de cupos laborales para las comunidades.

De acuerdo con el proceso judicial, la movilización terminó generando bloqueos en los accesos a la Estación Chichimene y restricciones para el ingreso de trabajadores, contratistas, maquinaria e insumos. Estas situaciones afectaron el desarrollo de las actividades petroleras y llevaron a que varios contratos fueran suspendidos de manera parcial o total debido a las dificultades para acceder a las zonas de trabajo.

Ecopetrol acudió a la justicia en 2019 y reclamó inicialmente una indemnización de 4.056 millones de pesos, argumentando que los bloqueos provocaron una reducción temporal en la producción de crudo y, como consecuencia, un lucro cesante para la compañía.

Sin embargo, el Consejo de Estado no ordenó el pago inmediato de los más de $4.000 millones solicitados. El tribunal encontró que las pruebas disponibles no permitían establecer con precisión el monto de los perjuicios económicos ocasionados.

Por esta razón, el alto tribunal profirió una condena en abstracto, lo que significa que la responsabilidad fue establecida, pero el valor exacto de la indemnización deberá determinarse posteriormente mediante un trámite incidental.