Ante el Consejo de Estado fue radicada una demanda de nulidad por inconstitucionalidad contra un apartado del Decreto 2520 de 1993, que regula los estatutos del Banco de la República, con el objetivo de retirar del ordenamiento jurídico una disposición relacionada con el funcionamiento de su Junta Directiva.
La acción fue presentada por el ciudadano Daniel Felipe Useche Daza contra la Nación, cuestionando la norma que exige la presencia obligatoria del Ministro de Hacienda para que la Junta pueda sesionar y tomar decisiones. Actualmente, el reglamento establece que este órgano solo puede deliberar con al menos cinco miembros, incluyendo de manera obligatoria a dicho funcionario, quien además ejerce la presidencia.
El demandante argumenta que esta exigencia convierte la participación del Ministro en un requisito indispensable para la validez de las decisiones, lo que, en la práctica, podría otorgar al Gobierno un poder de bloqueo sobre el funcionamiento del banco central.
Según la demanda, esta condición vulnera los artículos 371 y 372 de la Constitución Política, que garantizan la autonomía del Banco de la República en sus dimensiones técnica, administrativa y patrimonial. Además, se señala que, si bien la presencia del Ministro busca articular la política económica, no debería convertirse en un obstáculo para el funcionamiento independiente de la entidad.
El documento también advierte que la ausencia del Ministro impediría la realización de sesiones, limitando la capacidad de los demás miembros de la Junta para ejercer sus funciones y afectando el equilibrio institucional previsto en la Carta Política de 1991.
Como parte del proceso, el accionante solicitó la suspensión provisional del apartado demandado mientras se resuelve el caso. Esta petición se sustenta en hechos recientes, como el retiro del Ministro de Hacienda de una sesión el pasado 31 de marzo de 2026 tras desacuerdos en materia de política monetaria, así como su anuncio de no asistir a futuras reuniones.
De acuerdo con el planteamiento, esta situación podría generar una eventual parálisis del órgano directivo del Banco de la República, comprometiendo el cumplimiento de sus funciones y afectando la estabilidad institucional y económica del país.
El caso quedó en manos del Consejo de Estado, que deberá analizar si la norma demandada se ajusta o no a la Constitución. Mientras tanto, también se espera una decisión sobre la suspensión provisional, que busca evitar efectos inmediatos de la disposición cuestionada durante el trámite judicial.
Fuente: Noticiero del llano
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