La iniciativa contempla 66 acciones orientadas a superar el enfoque asistencialista y avanzar hacia un modelo de estabilización que garantice acceso a derechos fundamentales, generación de empleo, autoempleo y fortalecimiento de la economía popular. La meta del Gobierno es que al menos el 75 % de las víctimas de desplazamiento forzado superen la situación de vulnerabilidad.
La política articula a 24 entidades del orden nacional y territorial y busca reconocer a las víctimas como actores activos del desarrollo económico, la participación política, la construcción de paz y la memoria histórica.
Fuente: Noticiero del llano
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