El Gobierno nacional advirtió este viernes sobre un posible impacto negativo para la Reforma Agraria en Colombia, luego de conocerse un documento de observaciones presentado por la Corte Suprema de Justicia ante el Congreso de la República sobre el proyecto de ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria y Rural.
El presidente Gustavo Petro, la ministra de Agricultura Martha Carvajalino, el ministro de Justicia Jorge Iván Cuervo y el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, manifestaron su preocupación frente a lo que consideran una posible limitación de las facultades de la ANT para adjudicar baldíos a campesinos sin tierra, comunidades indígenas y comunidades negras.
Según explicó la ministra de Agricultura, el documento propone retirar a la Agencia Nacional de Tierras la facultad administrativa de adjudicar bienes baldíos, lo que, según el Gobierno, modificaría uno de los pilares fundamentales del régimen agrario colombiano.
Carvajalino aseguró que los baldíos son propiedad de la Nación y tienen una destinación constitucional enfocada en la Reforma Agraria, la protección ambiental y el acceso a la tierra para sectores históricamente excluidos.
La funcionaria también defendió los procesos de recuperación de baldíos adelantados por el Gobierno nacional y afirmó que eliminar esa facultad administrativa representaría un golpe a la política de redistribución de tierras impulsada por la actual administración.
“La Agencia Nacional de Tierras es la entidad del Estado encargada de administrar estos bienes y adjudicarlos. Quitar esa facultad es quitarle a la Nación la posibilidad de administrar uno de los patrimonios más importantes de la Reforma Agraria”, sostuvo la ministra.
El Gobierno también manifestó preocupación por lo que considera posibles trabas al desarrollo de la Jurisdicción Agraria y Rural, creada para atender conflictos y procesos relacionados con el campo colombiano.
Carvajalino señaló además que el debate no se limita únicamente al tema de tierras, sino que involucra el conjunto de actividades relacionadas con la producción agropecuaria, la transformación y comercialización primaria de alimentos.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro defendió la actuación administrativa del Estado para adelantar procesos relacionados con democratización de tierras, restitución y recuperación de bienes baldíos.
“El desarrollo de infraestructura, la redistribución de tierras y la recuperación de propiedades de la Nación requieren actuaciones administrativas que pueden convivir con la Jurisdicción Agraria”, afirmó el mandatario a través de su cuenta en la red social X.
El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, aseguró que el documento presentado dejó “muchas inquietudes” frente a las facultades de la Agencia Nacional de Tierras y reiteró la necesidad de avanzar rápidamente en la discusión legislativa de la Jurisdicción Agraria.
El Gobierno destacó además avances de la Reforma Agraria durante la actual administración, asegurando que ya se han adquirido cerca de 780 mil hectáreas para el Fondo Nacional de Tierras y entregado aproximadamente 400 mil hectáreas a campesinos y comunidades rurales.
También se resaltó la creación de Zonas de Reserva Campesina y la protección de más de 900 mil hectáreas destinadas a la producción de alimentos.
El debate sobre la Jurisdicción Agraria continúa generando tensión política y jurídica en el país, mientras el Congreso analiza uno de los proyectos considerados clave dentro de la agenda de Reforma Agraria impulsada por el Gobierno Petro.
Fuente: Noticiero del llano
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