El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró no culpable ante un tribunal federal de Nueva York y aseguró ser un “prisionero de guerra”, durante su comparecencia judicial junto a su esposa, Cilia Flores, en Estados Unidos. La diligencia se realizó en medio de una profunda crisis política e institucional en el país vecino.
Mientras Maduro enfrentaba el proceso judicial en territorio estadounidense, en Caracas se instaló la Asamblea Nacional para el nuevo período constitucional legislativo, escenario en el que Delcy Rodríguez fue juramentada como presidenta encargada de Venezuela, en un movimiento que busca garantizar la continuidad del poder del chavismo.
Durante la audiencia, Maduro rechazó los cargos en su contra y sostuvo que su captura y traslado a Estados Unidos responden a una acción política y no judicial. La defensa del mandatario insistió en que se trata de un conflicto de carácter internacional y no de delitos comunes, argumento que ha sido reiterado por el régimen venezolano.
En paralelo, la instalación del nuevo período legislativo en Caracas se desarrolló bajo un fuerte dispositivo de seguridad y con la ausencia de sectores opositores. En ese contexto, Delcy Rodríguez asumió la Presidencia encargada, reafirmando que el proyecto político chavista continuará pese a la salida de Maduro del escenario interno.
El doble escenario —el judicial en Nueva York y el político en Caracas— marca un momento sin precedentes en la historia reciente de Venezuela, con implicaciones directas para la estabilidad institucional, las relaciones internacionales y el futuro del poder en el país.
Analistas advierten que la juramentación de Rodríguez busca enviar un mensaje de control interno, mientras el proceso judicial contra Maduro podría redefinir el rumbo del régimen y su relación con Estados Unidos y la comunidad internacional.
Fuente: Noticiero del llano
