La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla profirió una sentencia condenatoria contra Salvatore Mancuso Gómez, exjefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), por su responsabilidad en 117 conductas delictivas cometidas entre 2002 y 2006 contra comunidades indígenas y población civil en el departamento de La Guajira.
De acuerdo con el fallo, los crímenes fueron perpetrados por el Frente Contrainsurgencia Wayúu, estructura armada adscrita al Bloque Norte de las AUC, que ejecutó homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos, violencia basada en género y otras graves violaciones a los derechos humanos, en el marco de una estrategia de expansión territorial en el norte del país.
El tribunal estableció que esta estructura paramilitar afectó de manera directa a comunidades indígenas wayúu, particularmente en zonas rurales de los municipios de Uribia y Riohacha. Entre los hechos analizados se encuentra una incursión armada ocurrida en octubre de 2003, en una ranchería de Uribia, donde se registraron agresiones físicas y psicológicas, así como la destrucción y apropiación de bienes tradicionales de alto valor cultural y económico.
La sentencia también incluyó la responsabilidad del grupo armado en homicidios cometidos en marzo de 2002 en otra ranchería del mismo municipio, además de otros episodios que evidenciaron un patrón sistemático de violencia contra las comunidades indígenas de La Guajira.
Durante el proceso se determinó que el Frente Contrainsurgencia Wayúu fue conformado a comienzos de 2002 con cerca de 150 integrantes, lo que permitió a las AUC consolidar su presencia en el departamento y extender su accionar hacia zonas estratégicas de la Sierra Nevada de Santa Marta.
En el fallo, la Sala reconoció como sujetos de reparación colectiva a varias comunidades wayúu, al considerar que sufrieron afectaciones continuadas por el accionar paramilitar. Mancuso fue condenado a 40 años de prisión, una multa de 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo término. No obstante, la sentencia contempla la aplicación de una pena alternativa de ocho años, conforme a la Ley de Justicia y Paz, condicionada al cumplimiento de los compromisos de verdad, reparación y no repetición.
Fuente: Noticiero del llano
