En el marco de la Emergencia Económica y Social, el Gobierno nacional expidió el Decreto Legislativo 0044 del 21 de enero de 2026, mediante el cual estableció una contribución parafiscal del 2,5 % a las empresas generadoras de energía eléctrica, con el objetivo de garantizar la continuidad, calidad y sostenibilidad del servicio en el país.
De acuerdo con la norma, los recursos recaudados fortalecerán el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos, encargado de respaldar financieramente a empresas intervenidas y evitar interrupciones en la prestación del servicio, especialmente en regiones con mayores dificultades, como el Caribe colombiano.
El decreto señala que actualmente existe una “perturbación grave e inminente del orden económico y social” derivada del deterioro de la liquidez y estabilidad financiera de los agentes del Mercado de Energía Mayorista, situación que pone en riesgo la confiabilidad del suministro eléctrico.
La contribución se calculará sobre las utilidades antes de impuestos de las empresas generadoras y se pagará en dos cuotas: la primera del 1,25 % el 2 de febrero de 2026 y la segunda, por el mismo porcentaje, el 15 de mayo del mismo año.
Adicionalmente, el decreto establece un aporte solidario en especie equivalente al 12 % de la energía efectivamente vendida en la bolsa del Mercado de Energía Mayorista, la cual será distribuida entre las empresas intervenidas. Este aporte, según el Gobierno, no tendrá impacto en las tarifas, ni afectará el despacho económico ni la formación de precios del mercado.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, afirmó que se trata de una medida temporal y excepcional para evitar un riesgo sistémico que podría dejar sin energía a millones de colombianos. Reiteró que la contribución no se trasladará a los usuarios y que busca corregir una crisis estructural que, según indicó, se arrastra desde hace más de dos décadas, particularmente en la región Caribe.
El Gobierno aseguró que el decreto cumple con los principios de necesidad, proporcionalidad y conexidad, y que su vigencia estará limitada estrictamente al periodo de la Emergencia Económica, mientras se avanzan en soluciones estructurales para la sostenibilidad del sector eléctrico.
Fuente: Noticiero del llano
