En los procedimientos fue aprehendida una adolescente y recuperadas cuatro menores edad que quedaron a disposición del ICBF para el restablecimiento de sus derechos.
Entre julio de 2024 y octubre del año en curso, la organización contactó niñas, adolescentes y mujeres, algunas de ellas de comunidades indígenas, y las trasladó desde Puerto Ayacucho (Venezuela) hasta Puerto Carreño (Vichada), donde eran inducidas a ejercer actividades sexuales en dos burdeles.
Una de las menores de edad llevada a estos lugares tenía discapacidad cognitiva. Cristina Laguño Tovar y Anderson Mahecha García eran los administradores de uno de los burdeles, mientras que Yordan Lugo inicialmente cumplió el rol de trasportador y posteriormente asumió el control del otro burdel.
Un fiscal de la seccional Vichada les imputó los delitos de concierto para delinquir con fines de trata de personas, trata de personas agravada, estímulo a la prostitución, proxenetismo con menor de edad, y utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años.
Los procesados no aceptaron los cargos, pero el juez dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
La adolescente aprehendida fue judicializada por los delitos de concierto para delinquir con fines de trata, trata de personas y proxenetismo con menor de edad. Deberá cumplir medida de internamiento preventivo.
Redaccion: Noticiero del Llano
