Denuncian presunta presión para comprar bonos de $50.000 por el puente La Amistad

 

La polémica por el puente La Amistad, infraestructura que comunica a los municipios de El Castillo y El Dorado, suma un nuevo capítulo tras las denuncias sobre una presunta presión a funcionarios y contratistas de ambas administraciones municipales para adquirir bonos solidarios destinados a recaudar recursos para la reparación de la estructura.

De acuerdo con los denunciantes, quienes solicitaron mantener su identidad en reserva por temor a posibles represalias, los llamados “bonos solidarios” tendrían un valor de 50.000 pesos y estarían siendo promovidos desde las administraciones municipales de El Castillo y El Dorado.

Los señalamientos han generado cuestionamientos entre ciudadanos de la región, quienes piden establecer si este mecanismo de recaudo es legal y si resulta procedente trasladar a funcionarios y contratistas la responsabilidad de aportar recursos para atender una emergencia relacionada con una infraestructura pública.

El caso también vuelve a poner la atención sobre la responsabilidad de la Gobernación del Meta frente al puente La Amistad, especialmente por tratarse de una obra que, según los cuestionamientos planteados, tuvo un costo superior a 75.000 millones de pesos y fue entregada hace aproximadamente cinco años.

Los denunciantes y ciudadanos que han expresado sus críticas consideran que, antes de recurrir a mecanismos de recaudo entre servidores públicos, deberían revisarse las garantías contractuales, las pólizas y las responsabilidades de quienes participaron en la construcción, ejecución e interventoría del proyecto.

La situación ha generado además llamados para que se establezca si existen responsabilidades administrativas, fiscales o incluso penales relacionadas con las fallas que llevaron a la afectación del puente La Amistad y se determine quién debe asumir los costos de su recuperación.

Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial de la Gobernación del Meta frente a las denuncias sobre la presunta venta obligatoria de bonos solidarios. Los ciudadanos que cuestionan la iniciativa también han solicitado que los organismos de control competentes verifiquen la legalidad del recaudo y revisen las actuaciones relacionadas con la ejecución y supervisión de la obra.

Mientras se conocen respuestas oficiales, la controversia mantiene en el centro del debate la situación del puente La Amistad y la necesidad de encontrar una solución que permita restablecer la conexión entre El Castillo y El Dorado sin trasladar de manera irregular los costos de la reparación a funcionarios, contratistas o habitantes de la región.