El Gobierno Nacional presentó un nuevo marco tarifario para los servicios de acueducto y alcantarillado en Colombia, con el objetivo de transformar la forma en que se calculan y cobran las tarifas a los usuarios. La medida, adoptada mediante la Resolución CRA 1032 de 2026, fue construida tras un proceso técnico de cinco años que incluyó estudios especializados, mesas de trabajo y participación de distintos sectores.
Este modelo reemplaza el esquema vigente desde 2014 e introduce mayor transparencia en la facturación. A partir de su implementación, los usuarios podrán identificar en sus recibos cada uno de los componentes del cobro, como costos de operación, inversión, administración, impuestos y tasas ambientales.
Uno de los principales cambios es que las tarifas estarán ligadas al desempeño de las empresas prestadoras. Esto significa que aquellas que no cumplan metas de eficiencia, como la reducción de pérdidas de agua, no podrán trasladar esos costos a los usuarios.
La regulación aplicará a prestadores con más de 5.000 suscriptores, principalmente en zonas urbanas, lo que impactará a más de 30 millones de colombianos. Su entrada en vigencia está prevista para el 1 de julio de 2026, periodo en el que las empresas deberán realizar ajustes técnicos y operativos.
El nuevo esquema también incorpora un enfoque de derecho humano al agua, priorizando el acceso, la calidad y la continuidad del servicio, especialmente en poblaciones vulnerables. Además, establece incentivos y sanciones según el desempeño de las empresas e incluye criterios ambientales para la protección de fuentes hídricas y el uso eficiente del recurso.
Aunque el Gobierno asegura que no busca aumentar tarifas, el valor final dependerá de la eficiencia de cada empresa, lo que podría generar variaciones en las facturas de los usuarios.
Fuente: Noticiero del llano
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