La Contraloría General de la República hizo un fuerte llamado al Ministerio de Transporte y a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para que se estructure una nueva concesión vial que atienda el primer tramo de la carretera Bogotá–Villavicencio, especialmente afectado por el derrumbe del kilómetro 18.
Durante una visita técnica, el ente de control advirtió que este punto —ubicado entre Bogotá y Cáqueza— ha generado graves afectaciones al tránsito hacia los Llanos Orientales y ha dejado incomunicadas amplias zonas del Meta y Casanare. El derrumbe, calculado en más de 200.000 metros cúbicos de material, ha paralizado el flujo vehicular y evidenciado la falta de infraestructura adecuada en el primer tercio de la vía.
La Contraloría recordó que, mientras los tramos entre Cáqueza y Villavicencio cuentan con dobles calzadas y buena infraestructura, los 34 kilómetros entre Usme y Cáqueza solo tienen contrato de operación y mantenimiento, lo que deja sin solución definitiva los más de 60 puntos críticos que presenta el corredor.
El organismo pidió al Gobierno Nacional definir nuevas fuentes de financiación que complementen los $9.134 millones ya asignados, pues estos serían insuficientes para estabilizar la zona y prevenir futuros cierres.
Finalmente, la Contraloría recalcó la importancia estratégica de esta vía, que conecta el centro del país con los Llanos y la Orinoquía, regiones claves para el desarrollo agroindustrial. Desde 2018, los cierres recurrentes en este corredor habrían causado pérdidas estimadas en más de $1,5 billones de pesos para los departamentos del Meta y Casanare.
Fuente: Noticiero del llano
