La determinación de liquidar la Unidad de Licores del Meta, aunque contundente, no tomó por sorpresa a quienes seguían de cerca la situación financiera de la entidad. Durante las administraciones departamentales anteriores, la empresa fue manejada sin una estrategia clara de sostenibilidad, mercadeo y expansión comercial, lo que derivó en una crisis irreversible.
Bajo las gerencias de Jaime Mariño, durante el gobierno de Marcela Amaya, y de Diego Meyer en la administración de Juan Guillermo Zuluaga, la ULM perdió mercados estratégicos y redujo de manera significativa su capacidad competitiva en el sector licorero. No se consolidaron planes de comercialización ni campañas de posicionamiento del Aguardiente Llanero, lo que permitió que la competencia ocupara espacios históricos en plazas como Bogotá, Yopal, San José del Guaviare e incluso Villavicencio.
El deterioro administrativo convirtió a la Unidad de Licores en una empresa inviable desde el punto de vista técnico y financiero. Aunque la crisis se gestó en gobiernos anteriores, será la actual administración departamental, liderada por la gobernadora Rafaela Cortés, la que asuma el impacto político del cierre.
Uno de los efectos más sensibles será la disminución de recursos destinados al sector salud, históricamente beneficiado con las transferencias provenientes de la venta de licores, lo que podría agravar la situación financiera de hospitales y centros asistenciales del Meta.
La liquidación también deja cuestionamientos sobre el control político ejercido por la Asamblea Departamental, que pese a las alertas internas y mediáticas, no adelantó acciones eficaces de vigilancia. A esto se suman críticas por la elección del actual contralor departamental, en medio del proceso de cierre de la entidad.
Creada en 1960, la Unidad de Licores del Meta generó empleo durante décadas y posicionó al Aguardiente Llanero como uno de los productos más representativos del departamento. Con la liquidación, se dará paso a una concesión para la producción del licor a una gran empresa licorera del país.
En el ámbito laboral, menos de diez trabajadores resultarán afectados directamente; algunos próximos a pensionarse y otros en proceso de reubicación. Tras conocerse la decisión, Luis Alfredo Arias Marcado presentó su renuncia irrevocable a la entidad.
Fuente: Noticiero del llano
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