Durante una alocución nacional, el presidente afirmó que la decisión responde a la necesidad de “garantizar estabilidad fiscal y responsabilidad con los recursos públicos”. El plan contempla la revisión de subsidios, la congelación temporal de nuevas contrataciones en el sector público y una auditoría integral de los programas sociales.
El Ministerio de Hacienda explicó que se priorizarán los proyectos de infraestructura, educación y salud, mientras que otras dependencias deberán presentar planes de eficiencia presupuestal antes del 30 de noviembre.
Diversos sectores políticos han reaccionado al anuncio. Desde la oposición, se advirtió que los recortes podrían afectar la inversión social en regiones vulnerables. Por su parte, el oficialismo defendió la medida señalando que “es necesaria para mantener la confianza internacional y la calificación crediticia del país”.
El plan de austeridad será radicado ante el Congreso en las próximas semanas y se espera que empiece a regir a partir del 1 de enero de 2026. Analistas económicos consideran que su éxito dependerá de la capacidad del gobierno para mantener el equilibrio entre disciplina fiscal y protección social.
Fuente: Noticiero del llano