“Los grupos instrumentalizan a la población fronteriza. Les exigen apoyo logístico mediante la provisión de transporte, alojamiento, víveres, camuflajes y alimentación. Estas comunidades, en muchos casos, permiten el ingreso y la salida informal de los combatientes por temor o coerción, en un contexto donde no existen registros oficiales ni controles efectivos del tránsito de personas entre los dos países. Esta situación facilita la huida y el refugio de los integrantes de los grupos armados ilegales, debilitando la capacidad del Estado para ejercer control en el territorio fronterizo”, dice un comunicado de la Defensoría.
La guerra comenzó porque en enero de este año la fuerza pública interceptó 500 kilos de cocaína en Santa Rosalía, que pertenecían al ELN.
El ELN presumió que ese resultado fue por información suministrada por la Segunda Marquetalia y el 3 de agosto pasado, en Elorza, (Venezuela), asesinaron con explosivos a José Manuel Sierra Sabogal, alias “Zarco Aldinever”, segundo al mando de la Segunda Marquetalia, y otros integrantes que lo acompañaban.
Redacción: Noticiero del LLano
