Los convenios docencia-servicio entre universidades y centros hospitalarios establecen la figura de la contraprestación, mediante la cual las instituciones educativas deben retribuir a los hospitales por permitir la formación práctica de sus estudiantes. Sin embargo, mientras las universidades privadas cuentan con la posibilidad de hacerlo con un porcentaje de las matrículas, las universidades públicas solo pueden ofrecer espacios académicos y beneficios no económicos, como cupos en educación continuada, congresos, diplomados, asesorías o descuentos en posgrados.
Según Arosa, este desequilibrio ha generado que los cupos en hospitales públicos sean cada vez más limitados, lo que amenaza directamente la continuidad y calidad de la formación en áreas críticas como la enfermería y la fisioterapia.
El rector planteó que una de las salidas a esta coyuntura consiste en priorizar el acceso de las universidades públicas a los hospitales públicos y en ajustar técnicamente los lineamientos que fijan el número máximo de estudiantes por sitio de práctica, para garantizar la cobertura de la demanda actual.
En los últimos años, Colombia ha experimentado una expansión acelerada de programas en medicina y otras áreas de la salud, pero esta ampliación ha venido acompañada de una paradoja preocupante: aunque miles de jóvenes aspiran a convertirse en profesionales de la salud, las facultades de las universidades públicas no logran asegurar suficientes espacios de práctica clínica para completar adecuadamente su proceso de formación.
La advertencia de Unillanos pone sobre la mesa un debate crucial para el futuro del sistema de salud y la educación superior en Colombia, ya que sin una reforma en la distribución y priorización de los cupos, el país podría enfrentar un déficit de profesionales capacitados en el corto y mediano plazo.
Fuente: Noticiero del llano
