Los tres tenían vínculos con el autodenominado frente Armando Ríos de las disidencias de las Farc.
El crimen de los ocho líderes religiosos y sociales ocurrió el 4 de abril de este año en zona rural de Calamar.
Según la investigación, Garrafa Neira o el indio era el cabecilla de una estructura armada y ordenó citar a los líderes religiosos para que entregaran explicaciones sobre la supuesta intención de querer conformar una red del ELN en Guaviare.
La sospecha de las disidencias de las Farc se limitaba a que llegaron provenientes de Arauca.
Los 8 citados por la guerrilla fueron trasladados por hombres armados a una zona selvática llamada Cofre, en inmediaciones del río Itilla, y allí los fusilaron.
Luego, sepultaron los cuerpos en una fosa común y eliminaron cualquier rastro o artículo que permitiera su ubicación.
A alias Yucape se le atribuye amenazar a los habitantes del lugar de la masacre para que no denunciaran lo sucedido ni entregaran información sobre el paradero de los religiosos.
Angie Liseth Jaramillo Arias era la secretaria de la Personería de Calamar y aprovechaba el cargo para recoger información sobre desplazamientos de la Fuerza Pública para filtrar datos a los cabecillas de las disidencias.
Por esas tareas recibió 12 millones de pesos.
Por todo lo anterior, Miller, Yucape y La Crespa fueron imputados por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales por los delitos concierto para delinquir agravado, desaparición forzada, homicidio agravado y porte ilegal de armas agravado de uso privativo y personal.
Los cargos no fueron aceptados.
Los cuerpos de los 8 líderes religiosos fueron entregados a sus familiares el pasado mes de julio, tras la identificación en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
El director especializado contra las Organizaciones Criminales, Andrés Escobar López, dijo que La Fiscalía no ha encontrado ningún indicio que permita sospechar que las 8 personas asesinadas tenían algún vínculo con el ELN.
Redaccion: Noticiero del Llano
